El fin de semana pasado se realizó
un festival
en apoyo a la Ley de Centros Culturales.
Más de 2000 personas participaron en el evento para impulsar la
iniciativa, que, tal como habíamos contado, se
presentó el pasado 29 de agosto en la legislatura porteña. La propuesta busca establecer un marco
regulatorio para los espacios culturales autogestivos en la Ciudad de Buenos
Aires, que desde hace años padecen los desmanejos de la política cultural del
gobierno de Macri.
El proyecto -que surgió del MECA
(Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos) y fue trabajado y presentado
por el interbloque kirchnerista - aparece como una propuesta para frenar los
embates del macrismo contra los espacios independientes. La iniciativa y abre
interrogantes sobre la necesidad de superar la mirada mercantil de la cultura y
del Estado como controlador.
La batalla del macrismo contra la cultura popular no tiene cuartel. El discurso PRO de la derecha promueve una imagen de cultura-espectáculo donde el ciudadano se transforma en mero consumidor de eventos y festivales, en tanto se desprecia y se hostiga la existencia de espacios participativos de la cultura en los barrios. La historia es conocida: recortes en el presupuesto, cierre de espacios culturales, privatización directa o indirecta de lugares ligados a la cultura. La lista es extensa: el desmantelamiento del Colón, la persecución a los trabajadores de la Sala Alberdi, el estrangulamiento presupuestario a los centros culturales barriales, la intervención en las orquestas juveniles.
El etcétera es largo. El cierre de
la Sala Lugones en el Teatro San Martín por más de siete meses para supuestas
obras de restauración es apenas otra anécdota de una política que acentúa la
desigualdad en el acceso a la cultura en perjuicio de los sectores populares. Basta
ver el mapa elaborado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina
(SINCA) para ver cómo se ha profundizado la concentración de la cultura. Según
el informe elaborado por la agrupación La Fábrica Porteña tomando en base datos
del sistema estadístico desarrollado por el Ministerio de Cultura de la Nación,
los barrios del norte y el centro de la ciudad de Buenos Aires concentran el
mayor número de cines y teatros, museos, galerías de arte y librerías.
En contraste, los denominados
genéricamente centros culturales tienen una distribución más democrática en
todo el territorio de la ciudad. Es decir que en teoría se corresponden con las
propuestas de democratización de la cultura incluidas en la Constitución de la
Ciudad. Pero en los hechos, el macrismo persigue y restringe el accionar de
estos espacios al negarles un marco regulatorio adecuado.
En
búsqueda de un amparo legal
El
Artículo 32 de la constitución de la ciudad explicita la protección y difusión
de la cultura popular y la creación y preservación de espacios, entre otras
cosas. Existe además en plena vigencia la Ley de Cultura, en la que se plantea
que el Estado garantiza los derechos culturales como: “Participar en la vida
cultural que cada ciudadano elija, y ejercer sus propias prácticas culturales,
sin distinción de etnia, credo, sexo, o condiciones biopsicosocial y económica,
en el marco del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Participar en el diseño y la evaluación de las políticas en el
marco de una democracia cultural, con especial consideración a los creadores y
trabajadores de la cultura y sus entidades (art. 32 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires). Recuperar y preservar los espacios culturales en donde
desarrollar los derechos culturales”.
La figura del Centro Cultural y
Social no existe en los rubros de
actividades autorizadas en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, ninguno
de los espacios que funciona como tal
cuenta con una habilitación que tome en cuenta sus características y
necesidades específicas. De acuerdo a investigaciones del Observatorio de
Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, alrededor de un
90% de este tipo de espacio se habilita
como galerías de arte o salas de teatro, lo que en los hecho los obliga a
funcionar de manera semi clandestina y les quita visibilidad y están
constantemente en riesgo de ser clausurados.
La era pos Cromañón desató un
supuesto auge por los controles y la seguridad de los controles pero al no
haber un marco regulatorio adecuado, muchos espacios no tienen manera de
encuadrarse legalmente. En 2007 se derogó el Régimen de Clubes de Cultura,
surgido en marzo de 2005, que reconocía la existencia de espacios no
convencionales, experimentales y multifuncionales. Una de las deficiencias del
esquema actual de habilitaciones es que las espacios se dividen por rubros
artísticos: teatros, clubes de música, peñas y milongas. Los multiespacios, los
lugares multidisciplinarios o experimentales no entran en ninguna norma. Esa derogación dejó a los centros culturales
en situación de precariedad. A muchos espacios autogestionados les resulta
dificultoso completar los procedimientos de una habilitación, particularmente a
la hora de solventar los costos de trámites y de informes técnicos.
El Movimiento de Espacios Culturales
y Artísticos (MECA), una organización que nuclea a un grupo de centros
culturales independientes de la ciudad, había presentado la Legislatura Porteña
un proyecto de Ley de Centros Culturales. La iniciativa del MECA apunta a
facilitar la creación de nuevos espacios de cultura y fomentar la
descentralización.
Según plantea MECA “las regulaciones gubernamentales de la
última década obligaron a artistas y productores a buscar nuevos espacios de
expresión y pertenencia. Se multiplicaron así los centros culturales
autogestivos, consolidándose una escena independiente, caracterizada por el
entrecruzamiento y la multiplicidad de disciplinas artísticas, su sentido
comunitario, y su lógica abierta y participativa. Sin embargo, la legislación
actual no acompaña este cambio de paradigma, al no comprender en ninguno de sus
rubros habilitatorios la naturaleza múltiple de estos espacios, ni sus modos de
gestión colectivos, sus escenarios alternativos, ni su relevancia social.”
La propuesta presentada incluye
cuatro una clasificación en cuatro tipos de emprendimientos: Casas de Artistas,
Centros Barriales y Sociales, Centros Culturales y Clubes de Cultura. El
proyecto hace una distinción entre espacios comerciales y sin fin de lucro o
cooperativas en el caso de Centros Barriales y Clubes de Cultura. Entre otras
medidas innovadoras, se propone que las casas de artistas y los centros
barriales, que tendrán un cupo máximo de 50 asistentes a sus actividades, no
requieran habilitación para funcionar sino una inscripción en un registro.
Además, incorpora exigencias de seguridad e higiene previstas en otras leyes
vigentes.
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