El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri, está claramente en contra de la libertad de expresión: así como no duda
en reprimir a periodistas, como ocurrió recientemente en el hospital Borda,
también desprecia en forma constante la participación democrática: el Gobierno
de la Ciudad se niega a integrar el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
(COFECA), ámbito donde convergen todos los actores políticos, sindicales,
académicos, sociales, públicos y privados para definir las políticas del
sector, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La LSCA es una ley federal que Macri ignora; así como
también ignora el ordenamiento legal del propio sistema republicano al
establecer un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que supuestamente es para
“defender la libertad de expresión” pero que en realidad ha sido redactado a
medida de los intereses corporativos de los grandes grupos mediáticos y de
Clarín en particular.
La Ley de SCA, recordemos, no sólo es una ley votada por el
Congreso, es decir, por los representantes del pueblo, sino también debatida
durante seis meses en foros a lo largo y ancho de todo el país. Sin embargo,
que Macri intente avasallar la voluntad popular con un decreto mientras hace
alarde de “buscar el diálogo” y “defender la libertad de expresión”, no es
novedoso. Sobre todo, cuando se trata de devolverle favores al poderoso cerco
mediático que lo protege.
Martín Sabbatella, presidente del directorio del AFSCA y principal
referente del Frente Nuevo Encuentro, lo definió claramente: “Lo que el jefe de
Gobierno propone es que las leyes nacionales no sean cumplidas en la Ciudad,
creándole un cerco de impunidad a esa corporación mediática”, en alusión a
Clarín.
El objetivo principal del decreto es frenar el proceso de desmonopolización
del mercado audiovisual controlado en más del 60% por Cablevisión, empresa del
Grupo Clarín.
De este modo, en el Art. 15, se establece que todos los
bienes materiales de los medios de comunicación y/o periodistas que se
encuentren en la Ciudad quedan protegidos frente a cualquier ejecución
administrativa, con lo que se impide virtualmente a AFSCA proceder con la
adecuación de los grupos monopólicos en el caso que la resolución de la Corte
Suprema les resulte desfavorable. De esta manera, se desconoce el texto de la
LSCA, que en tanto ley federal, establece que todos los bienes asociados a la
explotación de una licencia de servicios de comunicación audiovisual deben ser
transferidos con ella, en el marco de la adecuación, para asegurar la
continuidad del servicio.
Más increíble aún es la segunda parte del Art. 15, que
además establece que no se podrán ejecutar multas administrativas ni de origen
tributario a ninguna empresa de comunicación o periodistas domiciliados en la
Ciudad, con lo que, volviendo a desconocer la Ley de Medios, se estaría
impidiendo a la Autoridad de aplicación de la LSCA poner multas a un grupo
mediático cuando se niegue a, por ejemplo, incluir en su grilla a determinados
canales, como ocurrió con el caso de Paka Paka, Telesur y CN23.
Pero si esto no fuera poco para comprender por qué Macri
está burlándose de las leyes federales y del sistema republicano en general,
prestemos atención a lo que establece el DNU en su Art. 16:
“Ninguna
autoridad pública podrá ni intervenir, ni desapoderar, ni despojar, ni transferir ningún
medio ni inmueble ni licencia de comunicación audiovisual sin la aprobación
voluntaria y expresa de sus propietarios". Traducido al criollo, AFSCA
estaría impedida de ejecutar las adecuaciones si el fallo de la Corte fuera
favorable a ello sin la expresa autorización de Héctor Magnetto.
Básicamente, este decreto constituye a la Ciudad de Buenos
Aires como un ámbito en el que la LSCA e incluso la Constitución Nacional dejan
de tener plena injerencia. Se acusa al Gobierno Nacional de ser autoritario e
incluso monárquico, pero sin embargo es el Jefe de Gobierno el que ha vetado en
reiteradas oportunidades leyes que sus propios legisladores han votado para la
Ciudad y es el mismo Jefe de Gobierno quien ahora además desconoce los alcances
de las leyes nacionales con la imposición de un decreto de necesidad y urgencia,
hecho a medida de los poderes concentrados.
Macri pisotea la voluntad popular y las instituciones
republicanas, haciendo gala de una supuesta autonomía de la Ciudad que prefiere
obviar otras veces, como cuando reclama a la Nación que se haga cargo de subtes,
subsidios, etc. Su responsabilidad como Jefe de Gobierno parece ser menos importante
que su “responsabilidad” frente a los grupos mediáticos, para los cuales parece
estar trabajando arduamente a cambio de ser el elegido de Magnetto para la
próxima campaña electoral presidencial.
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