The Monopoly Horror Show

La reacción de defensa corporativa que tuvo el poder judicial ante el caso de Fernando Carrera deja poco margen para esperar con optimismo el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Claro está que no puede extrapolarse el ejemplo así sin más, pero sirve como referencia para poner las barbas en remojo.

 

Repasemos: Carrera fue condenado injustamente a treinta años de cárcel  debido a la manipulación de la causa por parte de la policía y la Justicia. El caso fue retratado en “El Rati Horror Show”, la película de Enrique Pyñero. Pero a pesar de que se demostró con contundencia cómo se fraguó la causa (cómo se manipuló y alteró la evidencia, cómo se condicionó y manipuló a los testigos, etc) y que no quedó ninguna supuesta prueba en pie, (lo que llevó a la propia Corte Suprema a demandar a que se revise el caso), Carrera fue nuevamente condenado.

En síntesis, para la Justicia, admitir la inocencia de Carrera implicaba condenar a policías, fiscales y jueces. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ley de medios? En que este es un caso en el cual se privilegió la defensa de intereses corporativos… y lo que está sucediendo con la LSCA y la Corte, se parece mucho a eso… 

¿Por qué decimos esto?

Si finalmente la contundencia de argumentos, razones y pruebas llevara a declarar la constitucionalidad de la LSCA, entonces festejaremos. Pero independientemente del fallo, la audiencia pública que está llevando a cabo la Corte implica desconocer no solo la legitimidad de una ley discutida y consensuada por el más amplio arco de la comunicación en nuestro país y ratificada por la mayoría parlamentaria sino también la legalidad que le otorgó la propia Corte a la Ley. 

Recordemos: durante los últimos cuatro años, la corte falló estableciendo la plena vigencia de la LSCA, excepto en lo relacionado con la adecuación a la misma por parte de uno de los grupos (Clarín) que es, justamente, el que concentra la mayor cantidad de licencias que la permitida. Es decir, el resto comenzó sus planes de adecuación, lo que en la práctica acentúa por un lado el reconocimiento de la ley por parte de los actores involucrados, y por otro agudiza la situación de dominancia por parte del grupo Clarín. Pero además, la corte circunscribió el problema a una cuestión patrimonial (y no de libertad de expresión), reconociendo también la existencia de normas de organización del mercado de la comunicación audiovisual en otros países. 

En criollo, para garantizar la pluralidad de voces y de miradas, es necesario evitar que un actor concentre la mayor cantidad de micrófonos y cámaras. Es lo que el poder mediático no quiere resignar. Martín Sabbatella, titular del AFSCA, lo resumió en diálogo con la prensa: “Un poder que se niega a resignar su posición dominante en el mundo de la comunicación. Porque durante muchos años estuvieron acostumbrados a ser los que mandaban, los que decidían y condicionaban el rumbo del país, los que se ponían por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas y decidiendo que leyes iban a cumplir y cuáles no, de acuerdo a su conveniencia”.

Por eso, la audiencia pública huele a montaje, a presión de los grandes grupos mediáticos opositores a la ley, para “legitimar” su ofensiva por mantener el status quo revistiéndola con el clisé de la “participación de la sociedad”. Curioso es que estos grupos son los mismos que no participaron en ninguna de las decenas de foros populares que en todo el país nuclearon a las organizaciones y entidades ligadas a la comunicación que debatieron la ley.

Por eso también resultan burdas las argumentaciones de sus “amicus curiae” que insisten en defender una supuesta “libertad de expresión” que la ley no afecta en lo absoluto, en sostener que “el poder de emancipación que da el control remoto” y “las nuevas tecnologías” (que ellos manejan y concentran) “garantizarían de por sí la democratización de la palabra”. Incluso, se atrevieron a decir que con la ley “se redujo la producción local de contenidos”: es decir, no tienen empacho en pararse ante la Corte Suprema y mentir abiertamente. 

En defensa de la ley, los hechos testarudos fueron la punta de lanza de los oradores que representan a cooperativas, empresarios pymes, organizaciones sociales, de derechos humanos, trabajadores de prensa, radios comunitarias, sindicatos, pueblos originarios, representantes de universidades, actores, músicos, cineastas, cooperativos y todos los sectores que llevan años luchando por una comunicación democrática. Esa comunicación democrática que la ley vino a potenciar y desarrollar. 

Demasiados argumentos para que la Justicia falle finalmente en forma definitiva a favor de la ley. Pero después de ver lo que pasó con Carrera, no habremos de sorprendernos si justicia y legalidad vuelven a divorciarse a favor de la defensa de intereses corporativos, en contra de la democracia.