El pasado 29 de
agosto se presentó en la legislatura porteña el proyecto de Ley de Centros
Culturales. La propuesta busca establecer un marco regulatorio para los
espacios culturales autogestivos en la Ciudad de Buenos Aires, que desde hace
años padecen los desmanejos de la política cultural del gobierno de Macri. Se
trata de una iniciativa del MECA (Movimiento de Espacios Culturales y
Artísticos), trabajada y presentada por el interbloque kirchnerista.
Históricamente, la
Ciudad de Buenos Aires se caracterizó por ser un bastión de la cultura en América
Latina. Fue el escenario de una industria cultural rica y heterogénea en cuanto
a estilos y propuestas. Como contracara, los porteños supimos consumir una amplia
variedad de productos culturales: teatro, música, cine, artes plásticas, danza,
talleres, y la lista continúa.
Pero además –y este
es quizás el punto más importante de la cuestión- la cultura de un pueblo
refleja la identidad de sus habitantes. Las expresiones artísticas dan cuenta
de un sentir o de un pensar, de algunas costumbres, de ciertos conflictos. La
puesta de una obra o la letra de una canción hablan de relaciones, de ideas, de
gustos. Reflejan idiosincrasias, conflictos y acuerdos. Por supuesto que no
todas las producciones hablan del total de las personas y cuestiones, sino que
son un recorte que manifiesta cierta mirada del artista sobre alguna cuestión
de su interés. Y es justamente por esa razón que cobra importancia la
diversidad de expresiones culturales. Ya aprendimos la fórmula: a mayor
reconocimiento de la diversidad, mayor inclusión.
Sin embargo, la
experiencia reciente en gestión de políticas culturales del Gobierno de Macri atacó
en igual medida estos dos aspectos mencionados. Por una parte, desarrolló un
sistema que estimula la concentración de la oferta cultural, enmarcada en una
concepción del arte relacionado con la “alta cultura” o con los espectáculos
masivos. Y al mismo tiempo, mantuvo y profundizó un estado de anarquía
regulatoria respecto a los centros culturales, que relegó en una suerte de
limbo legal a muchos de estos espacios dedicados a actividades artísticas.
CLAUSURADOR SERIAL
Cromañón fue un
punto de inflexión en la vida política porteña. Posiblemente, la habilitación
para el desarrollo de actividades culturales fue uno de los ámbitos donde más
se evidenció esta cuestión. El resultado fue un esquema muy restrictivo para
llevar a cabo actividades artísticas en la ciudad, ya que la normativa
contempla figuras diferentes para cada tipo de evento que se desarrolle en el
lugar, pero no admite espacios multidisciplinarios.
Desde entonces, los
centros culturales donde convergen artistas que desarrollan diferentes
actividades quedan por fuera de la ley. Por ejemplo, un local donde un viernes
se ofrece una obra de teatro y al día siguiente toca una banda de música, no
encuadra en ninguna de las figuras reconocidas: teatro independiente, milonga,
peña, etc.
En este escenario,
desde la asunción de Hernán Lombardi al frente del Ministerio de Cultura porteño,
las clausuras a espacios culturales porteños fueron cada vez más frecuentes y
reiteradas. En la mayoría de los casos, los cierres se debieron a
incumplimientos administrativos y no a falta de medidas de
seguridad. Al respecto, los responsables de los centros aclaran que el vacío
legal agrega confusión respecto al trámite y requisitos administrativos para la
habilitación, y la impericia en la gestión no hace más que echar leña al fuego:
“Nos clausuraron por no tener un papel que nosotros solicitamos al Gobierno de
la Ciudad hace más de dos meses”, son algunas de las explicaciones que se leen
desde los sitios de los espacios.
Desde hace más de
cinco años, los gestores culturales de la Ciudad de Buenos Aires vienen
organizándose para dar con una solución colectiva a esta situación. No es
casual: Se trata de centros culturales autogestivos, colectivos, que trabajan
para tener una oferta cultural local, plural y participativa. Así nació el
MECA, con la propuesta de construir una ley que los ampare y proteja la
actividad cultural.
Con ese objetivo,
se embarcaron en una campaña para juntar las 40 mil firmas (1,5% del padrón)
requeridas para presentar un proyecto de ley a la legislatura porteña. Juntaron
más de 30 mil, solo en la Ciudad de Buenos Aires; cifra por demás considerable
para un colectivo de organizaciones sociales. Y fue gracias a este mismo
proceso de organización e instalación de la cuestión en la calle, que la
discusión se abrió al ámbito del interbloque kirchnerista.
LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES
Finalmente, el 29
de agosto se hizo la presentación del proyecto de Ley de Espacios Culturales,
iniciativa del MECA con el apoyo del interbloque kirchnerista. El documento
alcanzado es el producto de un amplio proceso de militancia y discusión.
El proyecto
contempla cuatro figuras legales para los espacios culturales en la ciudad:
Casa de Cultura y Centro Cultural “Clase A”, “Clase B” y “Clase C”. Las
categorías se distinguen por la cantidad de asistentes que pueden admitir,
aunque prevé situaciones de excepción (permiso mediante) para actividades
eventuales. Además, establecen precisamente requisitos y condiciones de
infraestructura y accesibilidad, para cada categoría.
El punto clave de
la ley es que reconoce la multiplicidad de actividades que puede llevarse a
cabo en las casas de cultura y los centros culturales. Y propone una
habilitación amplia para que no quepan dudas del espíritu dinámico que habitará
las casas y los centros culturales: admite “cualquier manifestación del arte
y/o la cultura”. Además, permite la instalación de bares o servicios de bebida
y comida, en el entendimiento de que éstos implican un puntal significativo
para la sostenibilidad de los espacios.
Así las cosas, la
presentación del proyecto de Ley de Espacios Culturales es un paso importante
en una discusión sobre el derecho a la cultura, que ya se ganó las calles. Esperamos
que próximamente pueda darse esta discusión en la Legislatura, para dar un paso
más hacia la Buenos Aires inclusiva que queremos.
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