Un
nuevo avance en la construcción de la Patria Grande Latinoamericana se
registró en estos días, en uno de los terrenos de mayor lucha contra los
poderes establecidos del capital concentrado: el del acceso y la participación
en los medios de comunicación. El amplio abanico progresista de los
distintos gobiernos que representan en mayor o menor medida una oposición al
neoliberalismo y construyen proyectos nacionales populares y de integración
regional se afirman en la batalla por la democratización de la comunicación,
teniendo como referencia la situación abierta en Argentina con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"Brasil,
Ecuador, Uruguay, Bolivia están discutiendo leyes sobre los medios",
aseguró en junio Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual y principal referente de Nuevo Encuentro,
durante el segundo encuentro de TVs públicas de América latina que se realizó
en Buenos Aires. Apenas días después, el congreso de Ecuador aprobó la ley
de comunicación propuesta por el gobierno de la Revolución Ciudadana que
conduce el presidente Rafael Correa. Entre otras cuestiones, la ley establece
una distribución de espectro similar a la legislación argentina: un 33%
de las frecuencias se destinarán a medios públicos, un 33% para medios
privados, y 34% para medios comunitarios.
Al
igual que en Argentina, la ley ecuatoriana pone límites a la concentración de
medios: no se podrá adjudicar más de una concesión para radio en AM, una
frecuencia para FM y una frecuencia para televisión a una misma persona natural
o jurídica en todo el territorio nacional. Además, en una misma provincia no
podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una radio o
televisión “a familiares directos de un concesionario con el que tengan
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad”,
según establece el texto de la ley.
De
esta manera, se le busca poner coto al poder discursivo que en el país
concentran ocho conglomerados Grupo Fidel Egas (vinculado a
Teleamazonas), Grupo El Juri (ETV Telerama), Grupo Pérez (Diario El Universo),
Grupo Mantilla (El Comercio), y Grupo Alvarado Roca (Ecuavisa), a los que se
suman los grupos Martínez, Mantilla-Anderson y Vivanco.
El
esquema de distribución del espectro y la concentración de medios son dos temas
que ya habían sido replicados en la Ley de Telecomunicaciones que el gobierno
de Evo Morales promulgó en Bolivia en 2011. El proyecto aprobado, que contó con
amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso, estableció además, una
distinción acorde con el carácter plurinacional del estado boliviano: el 33% de
las licencias de radio y televisión quedará para el Estado nacional, el sector
privado también tendrá un 33%, un 17% se destina para emisoras comunitarias y
otro 17% para comunidades originarias.
En
Uruguay, el proyecto de Ley enviado este año por el gobierno frenteamplista del
presidente José Mujica también pones límites a la concentración de
medios. La norma uruguaya impide que los titulares de servicios de
comunicación audiovisual presten servicios de telefonía y transmisión de dato y
establece que ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o
parcial, al mismo tiempo de licencias para televisión paga (cable y satelital)
y televisión abierta. Además, limita a que “una persona
física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o
parcial, de más de 3 (tres) autorizaciones para prestar servicios de
radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de 2 (dos) para prestar
servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM,
TV), en todo el territorio nacional” (Artículo 44). La norma uruguaya establece
que las eventuales adecuaciones quedarán a cargo de tres
instituciones (el Consejo de Comunicación Audiovisual, un Ombudsman y la
Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual –CHASCA-).
La
influencia que tuvo la ley de medios de Argentina se extiende a toda la región.
Incluso hasta en Venezuela, donde la revolución bolivariana creció a partir del
impulso al desarrollo de medios comunitarios, el gobierno prevé nuevas
modificaciones a la legislación para incorporar cuestiones que propone la ley
argentina, como el equilibrio en la entrega de licencias entre el Estado, el
sector privado y los medios comunitarios y sociales.
No
en vano, la ofensiva contra esta normativa no llevada adelante solamente por
los grandes jugadores afectados, principalmente el grupo Clarín, sino que
cuenta con el respaldo discursivo de las grandes corporaciones de la oligarquía
mediática hispanoamericana, como el español Grupo Prisa, la cadena Televisa de
México (la mayor productora de contenidos de habla hispana), las cadenas
Globovisión de Venezuela, Caracol de Colombia, el grupo El Mercurio de Chile y
O’Globo de Brasil.
Justamente,
el mayor emporio de medios brasileño ve con preocupación las analogías entre la
legislación argentina y las propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de
Comunicación de 2009. Pese a que esas propuestas no han sido tomadas en cuenta
por el gobierno de Lula da Silva y lo que va del mandato de Dilma Rouseff, la
situación puede cambiar a partir del manifiesto en defensa de la
democratización de la comunicación promulgado en 2011 por varias entidades como
la Central Única de Trabajadores, el Foro Nacional por la Democratización de la
Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y la Federación
Nacional de Periodistas.
La
ley atraviesa horas decisivas a la espera del fallo de la Corte Suprema que
dictamine sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 48, que ponen
límites a la concentración de de licencias de TV paga, restringen el número de
abonados que puede tener un licenciatario, impiden a un mismo licenciatario
contar con una licencia de cable y una de TV de aire en la misma zona y
establece que la propiedad de licencias no es un derecho adquirido. Justamente,
la medidas que Clarín denunció inconstitucionales, lo que fue avalado por la
Cámara en lo Civil y Comercial.
No
existen precisiones sobre si la Corte fallaría antes de las elecciones
primarias o después de que finalice el proceso electora. En cualquier caso,
Clarín ha estado prácticamente cuatro años sin cumplir la ley. No obstante, eso
no puede leerse como una derrota del proceso de democratización de la
comunicación. Por el contrario. Desde la sanción de la Ley y la creación del AFSCA
han sido más que importantes los avances en ampliar las voces y los
protagonistas de la comunicación en el país.
Estos avances se dieron precisamente en la medida en que
se sostiene el espíritu que dio origen a la Ley: Nunca antes una ley
había sido discutida en centenares de reuniones, foros, encuentros, seminarios
y diversos espacios a lo largo y a lo ancho del país. Sería un error del campo
popular pretender limitar el reclamo del cumplimiento de la ley a las intrigas
de palacio, más allá de la necesidad de seguir reclamando la tan postergada
democratización judicial. Pero eso es solo parte del asunto. La ley distribuye
la palabra, la voz. Corresponde a las organizaciones populares seguir
tomándolas.
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