La
Corte Suprema deberá decidir en breve si la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual se aplicará en su totalidad o no. Recientemente, la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor de
la constitucionalidad de los artículos de la Ley que fueron cuestionados por el
Grupo Clarín. La funcionaria recomendó a la Corte revocar el fallo de la Cámara
Civil y Comercial Federal que benefició al multimedios al considerar que la
sentencia fue "arbitraria" porque "analiza la validez de una ley
a partir de una noción sesgada del derecho de propiedad y de la libertad de
expresión”.
Martín
Sabbatella, titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual,
opinó que el análisis de Gils Carbó demostró que “esos jueces privilegiaron los
intereses de Clarín por sobre los del resto de los argentinos y argentinas”. La
decisión de la Corte dictaminará sobre la constitucionalidad de algunos
artículos, pero no mellará en absoluto la legitimidad que de una ley que, desde
su sanción, ha generado más que importantes avances en ampliar las voces y los
protagonistas de la comunicación en el país.
Entre
otros logros, ya tienen autorización para operar servicios de radio más de 30
comunidades de pueblos originarios, unas 190 escuelas y establecimientos
educativos de todo el país. Cerca de 700 localidades ya cuentan con nuevos
prestadores de cable, incluyendo unas 50 cooperativas. Desde su sanción, se
entregaron casi 700 licencias de radio y televisión al sector privado,
incluyendo una mayoría de casos en los que se hizo una reparación histórica al
regularizar la situación de emisoras que demandaban ser contempladas por la
legislación.
Pero el escenario de democratización de la comunicación y
el acceso a la información -que se convirtió en un factor de influencia parainstalar el debate también en toda América latina - va mucho más lejos
con la aplicación de la ley, una normativa que resume un consenso social y
político que se traduce en acciones concretas por parte del Estado: el tendido
de 60.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional
previsto por el plan Argentina Conectada ya tiene más de 15.000 kilómetros
instalados.
En
cuanto al desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA), actualmente hay
instaladas 80 estaciones de trasmisión, con cobertura del 85% del territorio
nacional, aunque se espera alcanzar el 97% próximamente antes de 2015. El
plan lleva entregado más de 1,3 millones de set-top boxes (decodificadores)
para acceder a las señales.
Por
su parte, el plan Conectar Igualdad entregó más de 2,4 millones de Netbooks a
estudiantes de 12.000 escuelas de todo el país. Pero además, el plan sufrió
cambios más que positivos: en las primeras licitaciones se contrataban equipos
importados y en la última, que aún no se cerró, se presentaron 11 proveedores
que fabrican en el territorio nacional, que incluso van a incluir en las
computadoras el sistema operativo abierto desarrollado por el gobierno, Huayra.
Queda
claro que cualquier decisión de la corte no frenará el camino recorrido en la construcción de la comunicación popular como
herramienta de una mayor participación democrática. Una nueva postura favorable
a la ley por parte del máximo tribunal (que ya se ha expedido en varias oportunidades
en ese sentido) no frenará las hostilidades de los grandes grupos concentrados,
obviamente con el grupo Clarín a la cabeza, que seguirán batallando para
no perder sus privilegios.
Y por lo tanto, también queda claro que todo el arco
político y social que viene dando la batalla por la democratización de los
medios deberá seguir manteniendo esa lucha por lograr la plena aplicación de la
ley. Tal como explican los compañeros de FARCO en “La Cocina de la Ley”, el
camino para llegar a la aprobación de la ley fue un largo recorrido en el que
la construcción de los más amplios consensos (en la Coalición para la
Radiodifusión Democrática coincidieron la CGT y la CTA, organismos de Derechos
Humanos, sindicatos, universidades, legisladores, representantes de credos, de
pueblos originarios, de organizaciones sociales, etc) se fue dando en el marco
de un cambio en la correlación de fuerzas que permitió la construcción de una
hegemonía a favor de los sectores populares. Y en ese camino se logró contar
con tres elementos a favor de una comunicación democrática: una capacidad
técnica al servicio de los proyectos, un estado de movilización social y la
decisión política de un gobierno dispuesto a llevar adelante el proyecto.
No hace falta subrayar que esa decisión política sigue
estando presente hoy: finalmente, AFSCA aprobó el Fondo de Fomento para medios
sin fines de lucro y pueblos originarios, un reclamo de las organizaciones
sociales que tiene respuesta, una deuda saldada en línea con la afirmación de
Sabbatella de hacer cumplir la ley en forma integral. Deudas seguirán quedando,
la voluntad política está, la capacidad técnica también, es necesario que siga
estando la movilización de las organizaciones, no solo para reclamar
legítimamente por la aplicación total de la ley sino también para acompañar
críticamente en el proceso de construcción del nuevo escenario democrático de
la comunicación.
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