Esto NO es una guerra.

La Ley de Medios es algo mucho más grande que una guerra política entre el Estado y un privado.  No se trata de un avance desmedido por parte del Estado sobre los medios de comunicación en un intento por controlar la palabra. Se trata de regular un mercado que no responde a las características de los mercados tradicionales, para fortalecer la democracia. 

La información no es una mercancía y jamás debe ser tratada como tal. La información plural y diversa, la posibilidad de que haya más actores sociales que accedan a tener una voz en los medios de comunicación es nada menos que uno de los pilares más importantes de una democracia sana.

El normal funcionamiento del Poder Legislativo a través del Congreso, que vota las leyes de nuestro país en representación de la voluntad popular es otro de esos pilares fundamentales. Y en el caso de la LSCA, ese funcionamiento se ha incluso perfeccionado, en tanto el proyecto de ley incorpora de manera inédita las conclusiones y puntos básicos que se debatieron y se discutieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país en foros realizados durante más de 6 meses. Esta ley no es un decreto, como nuestra anterior ley de radiodifusión. Esta ley no es una muestra de autoritarismo gubernamental, como algunos intentan hacer creer. Es una ley sancionada en democracia y votada con la correspondiente mayoría en el Congreso. No se puede dudar que en esta ley, más que tal vez en ninguna otra, se encuentra impresa la voluntad del pueblo argentino. 

No se le está pidiendo el Grupo Clarín que acalle su voz. No se le están intentando expropiar sus medios de comunicación ni perjudicarlo económicamente. Se está intentando adecuar el funcionamiento de los medios de comunicación a un paradigma de pluralismo y diversidad en el que no deben existir posiciones monopólicas que perjudiquen la libertad de expresión. Lo que se busca es permitir el ingreso de más voces al sistema de medios, voces que hasta hace muy poco, no tenían posibilidad legal de acceder. Y ese acceso al sistema no es posible cuando uno de los actores que lo ocupan es un gigante que posee porcentajes desmedidos y que hace abuso de esa posición dominante. Basta charlar con algunos de los valientes emprendedores que intentaron tener un sistema de cable en sus pueblos de origen. El Grupo Clarín sistemáticamente los obligaba a venderles el servicio, so pena de retirarles los canales de fútbol y terminar así fundiendo al naciente competidor.

El Grupo debe adecuarse y el Estado ha demostrado no tener intenciones de perjudicarlo económicamente. Incluso en el caso de una adecuación forzosa, AFSCA ha declarado que adecuará al Grupo utilizando un criterio que implique el menor perjuicio económico posible. Y no debemos olvidar que los restantes grupos que no cumplían con los límites que la ley establece, presentaron sus planes de adecuación, en una actitud de aceptación de la ley, por lo tanto, de la voluntad popular, que es la que debieran tener todos los empresarios de medios de comunicación de nuestro país. La no aceptación de la norma por parte del Grupo Clarín no sólo desconoce la voluntad popular sino que acentúa las diferencias entre su tamaño y sus actuales competidores que han decidido respetar la ley y acotarse a los límites que ella establece.

Partimos de la base de que es necesario regular el mercado de medios para defender genuinamente la libertad de expresión y evitar monopolios. Así como el Estado tuvo que salir a dar respuestas al pueblo después del festival de la convertibilidad de los 90, en donde la no regulación estatal de los mercados fue la base que nos condujo al desastre, hoy sale en defensa de ese mismo pueblo, que votó hace 4 años para que el sistema de medios sea regulado de la forma en que lo estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de las audiencias públicas, sólo falta esperar que se haga justicia, que en este caso, significa nada más ni nada menos que respetar la voluntad popular.

The Monopoly Horror Show

La reacción de defensa corporativa que tuvo el poder judicial ante el caso de Fernando Carrera deja poco margen para esperar con optimismo el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Claro está que no puede extrapolarse el ejemplo así sin más, pero sirve como referencia para poner las barbas en remojo.

 

Repasemos: Carrera fue condenado injustamente a treinta años de cárcel  debido a la manipulación de la causa por parte de la policía y la Justicia. El caso fue retratado en “El Rati Horror Show”, la película de Enrique Pyñero. Pero a pesar de que se demostró con contundencia cómo se fraguó la causa (cómo se manipuló y alteró la evidencia, cómo se condicionó y manipuló a los testigos, etc) y que no quedó ninguna supuesta prueba en pie, (lo que llevó a la propia Corte Suprema a demandar a que se revise el caso), Carrera fue nuevamente condenado.

En síntesis, para la Justicia, admitir la inocencia de Carrera implicaba condenar a policías, fiscales y jueces. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ley de medios? En que este es un caso en el cual se privilegió la defensa de intereses corporativos… y lo que está sucediendo con la LSCA y la Corte, se parece mucho a eso… 

¿Por qué decimos esto?

Si finalmente la contundencia de argumentos, razones y pruebas llevara a declarar la constitucionalidad de la LSCA, entonces festejaremos. Pero independientemente del fallo, la audiencia pública que está llevando a cabo la Corte implica desconocer no solo la legitimidad de una ley discutida y consensuada por el más amplio arco de la comunicación en nuestro país y ratificada por la mayoría parlamentaria sino también la legalidad que le otorgó la propia Corte a la Ley. 

Recordemos: durante los últimos cuatro años, la corte falló estableciendo la plena vigencia de la LSCA, excepto en lo relacionado con la adecuación a la misma por parte de uno de los grupos (Clarín) que es, justamente, el que concentra la mayor cantidad de licencias que la permitida. Es decir, el resto comenzó sus planes de adecuación, lo que en la práctica acentúa por un lado el reconocimiento de la ley por parte de los actores involucrados, y por otro agudiza la situación de dominancia por parte del grupo Clarín. Pero además, la corte circunscribió el problema a una cuestión patrimonial (y no de libertad de expresión), reconociendo también la existencia de normas de organización del mercado de la comunicación audiovisual en otros países. 

En criollo, para garantizar la pluralidad de voces y de miradas, es necesario evitar que un actor concentre la mayor cantidad de micrófonos y cámaras. Es lo que el poder mediático no quiere resignar. Martín Sabbatella, titular del AFSCA, lo resumió en diálogo con la prensa: “Un poder que se niega a resignar su posición dominante en el mundo de la comunicación. Porque durante muchos años estuvieron acostumbrados a ser los que mandaban, los que decidían y condicionaban el rumbo del país, los que se ponían por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas y decidiendo que leyes iban a cumplir y cuáles no, de acuerdo a su conveniencia”.

Por eso, la audiencia pública huele a montaje, a presión de los grandes grupos mediáticos opositores a la ley, para “legitimar” su ofensiva por mantener el status quo revistiéndola con el clisé de la “participación de la sociedad”. Curioso es que estos grupos son los mismos que no participaron en ninguna de las decenas de foros populares que en todo el país nuclearon a las organizaciones y entidades ligadas a la comunicación que debatieron la ley.

Por eso también resultan burdas las argumentaciones de sus “amicus curiae” que insisten en defender una supuesta “libertad de expresión” que la ley no afecta en lo absoluto, en sostener que “el poder de emancipación que da el control remoto” y “las nuevas tecnologías” (que ellos manejan y concentran) “garantizarían de por sí la democratización de la palabra”. Incluso, se atrevieron a decir que con la ley “se redujo la producción local de contenidos”: es decir, no tienen empacho en pararse ante la Corte Suprema y mentir abiertamente. 

En defensa de la ley, los hechos testarudos fueron la punta de lanza de los oradores que representan a cooperativas, empresarios pymes, organizaciones sociales, de derechos humanos, trabajadores de prensa, radios comunitarias, sindicatos, pueblos originarios, representantes de universidades, actores, músicos, cineastas, cooperativos y todos los sectores que llevan años luchando por una comunicación democrática. Esa comunicación democrática que la ley vino a potenciar y desarrollar. 

Demasiados argumentos para que la Justicia falle finalmente en forma definitiva a favor de la ley. Pero después de ver lo que pasó con Carrera, no habremos de sorprendernos si justicia y legalidad vuelven a divorciarse a favor de la defensa de intereses corporativos, en contra de la democracia.

El Cinismo PRO

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció, como todos los años, que desde el 1° de junio y hasta el 31 de agosto se implementa el Operativo Frío para asistir a las personas en situación de calle, con el fin de “proteger los grupos familiares y adultos frente a las bajas temperaturas del invierno”. ”. Se trata de otra medida más del maquillaje macrista, otra iniciativa promocionada con bombos y platillos por los grandes medios hegemónicos que protegen a Macri por ser el más fiel representante político de la derecha más reaccionaria. 

26 de julio – 20:25

Se armó un alboroto grande cuando llegó Papá. Yo casi me muero cuando lo vi, con el rostro rojo, en brazos de Antonio. Comencé a llorar y Elvira me gritó que me callara. Papá también gritaba, que dónde está Mamá. Antonio dejó a Papá en  la cama y me miró, me dijo que me calmara y le dijo a Elvira que fuera a buscar a Mamá. Acompañame, me pidió Elvira.
  Mamá había ido a lo de doña Aida. Se habían juntado varias vecinas para rezar. Doña Aida era una paraguaya que hacía curas y sacaba el empacho. La gente no había perdido la costumbre de antes, de cuando no había salita. Y aunque los doctores y las vacunas y todo eso, muchos seguían acudiendo a lo de Doña Aida. Desfilaban por la casilla que tenía una foto de ella y una virgen de Luján, un Cristo y algunas velas.
   Mamá había llegado de lo del Doctor Martínez y se había ido en seguida. Apenas tomó unos mates, dejó una bolsa de ropa que nos regalaba la señora del doctor, y se fue. Se fue sin mirar la ropa y con lágrimas en los ojos. Bronca, por más que en la casa del doctor le tuvieran cariño. ¿En qué casas de esas no estarían contentos? Hasta la señora sonreía, aunque callara cuando Mamá se acercaba. A mamá le dolía la sonrisa de la señora y quizás por eso se fue sin abrir la bolsa. “Vos estudiá” me susurró al oído mientras me acariciaba el pelo. Después se fue.
   En el camino, Elvira me contó que a Papá le habían pegado unos clientes y que el Gallego lo había amenazado con  echarlo. Pero el Gallego era un charlatán, y a Papá no lo iba a echar. Ocurrió que Papá servía y los escuchaba, hasta que no pudo más, puta será tu madre, y agarró la botella que llevaba, puta, y se la partió en la cabeza a uno. Puta será tu madre, pero eran más, como las lágrimas. Y el dolor, que le sacaba fuerzas. Aún en el colectivo sin corbatas, el eco, puta, llegaba hasta el final del asfalto.
  En la calle no había luz, había barro. Ya no llovía pero el cielo seguía negro.
  Me frené un instante para sacarme los zapatos, eran los únicos que tenía. Elvira hizo lo mismo. Nos miramos. A mi se me hizo un nudo en la garganta y Elvira se largó a llorar. En la calle no había casi nadie. De  lejos se oía una radio. En la vereda, Don Evaristo miraba sin mirar, sin mirarnos, como si se hubiera olvidado de golpe de todo lo que le hacíamos cuando pasaba con el carrito. El pobre no decía nada.
  Llegamos a lo de Doña Aida y Elvira golpeó con las manos. Salió una señora mayor. Nos vio y llamó a los gritos a Mamá. Mamá salió y Elvira le contó lo que le había pasado a Papá. Mamá volvió entonces con nosotros.  A la media cuadra se largó a llover. Mamá caminaba apurada, yo creía que por Papá.
  Al entrar a casa Mamá soltó el llanto, porque se había dado cuenta. Papá lloraba, sentado en la cama, con una mano se ponía un trapo con hielo sobre el párpado sangrado. La radio transmitía en cadena. Hasta Antonio lloraba porque nos habíamos quedado sin ella.

La legitimidad de la ley de medios está fuera de cuestionamientos

La Corte Suprema deberá decidir en breve si  la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aplicará en su totalidad o no. Recientemente, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor de la constitucionalidad de los artículos de la Ley que fueron cuestionados por el Grupo Clarín. La funcionaria recomendó a la Corte revocar el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al multimedios al considerar que la sentencia fue "arbitraria" porque "analiza la validez de una ley a partir de una noción sesgada del derecho de propiedad y de la libertad de expresión”. 

Martín Sabbatella, titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, opinó que el análisis de Gils Carbó demostró que “esos jueces privilegiaron los intereses de Clarín por sobre los del resto de los argentinos y argentinas”. La decisión de la Corte dictaminará sobre la constitucionalidad de algunos artículos, pero no mellará en absoluto la legitimidad que de una ley que, desde su sanción, ha generado más que importantes avances en ampliar las voces y los protagonistas de la comunicación en el país. 

Entre otros logros, ya tienen autorización para operar servicios de radio más de 30 comunidades de pueblos originarios, unas 190 escuelas y establecimientos educativos de todo el país. Cerca de 700 localidades ya cuentan con nuevos prestadores de cable, incluyendo unas 50 cooperativas. Desde su sanción, se entregaron casi 700 licencias de radio y televisión al sector privado, incluyendo una mayoría de casos en los que se hizo una reparación histórica al regularizar la situación de emisoras que demandaban ser contempladas por la legislación. 

Pero el escenario de democratización de la comunicación y el acceso a la información -que se convirtió en un factor de influencia parainstalar el debate también en toda América latina -  va mucho más lejos con la aplicación de la ley, una normativa que resume un consenso social y político que se traduce en acciones concretas por parte del Estado: el tendido de 60.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional previsto por el plan Argentina Conectada ya tiene más de 15.000 kilómetros instalados.

En cuanto al desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA), actualmente hay instaladas 80 estaciones de trasmisión, con cobertura del 85% del territorio nacional, aunque se espera alcanzar el 97% próximamente antes de 2015.  El plan lleva entregado más de 1,3 millones de set-top boxes (decodificadores) para acceder a las señales.  

Por su parte, el plan Conectar Igualdad entregó más de 2,4 millones de Netbooks a estudiantes de 12.000 escuelas de todo el país. Pero además, el plan sufrió cambios más que positivos: en las primeras licitaciones se contrataban equipos importados y en la última, que aún no se cerró, se presentaron 11 proveedores que fabrican en el territorio nacional, que incluso van a incluir en las computadoras el sistema operativo abierto desarrollado por el gobierno, Huayra. 

Queda claro que cualquier decisión de la corte no frenará el camino recorrido en la construcción de la comunicación popular como herramienta de una mayor participación democrática. Una nueva postura favorable a la ley por parte del máximo tribunal (que ya se ha expedido en varias oportunidades en ese sentido) no frenará las hostilidades de los grandes grupos concentrados,  obviamente con el grupo Clarín a la cabeza, que seguirán batallando para no perder sus privilegios. 

Y por lo tanto, también queda claro que todo el arco político y social que viene dando la batalla por la democratización de los medios deberá seguir manteniendo esa lucha por lograr la plena aplicación de la ley. Tal como explican los compañeros de FARCO en “La Cocina de la Ley”, el camino para llegar a la aprobación de la ley fue un largo recorrido en el que la construcción de los más amplios consensos (en la Coalición para la Radiodifusión Democrática coincidieron la CGT y la CTA, organismos de Derechos Humanos, sindicatos, universidades, legisladores, representantes de credos, de pueblos originarios, de organizaciones sociales, etc) se fue dando en el marco de un cambio en la correlación de fuerzas que permitió la construcción de una hegemonía a favor de los sectores populares. Y en ese camino se logró contar con tres elementos a favor de una comunicación democrática: una capacidad técnica al servicio de los proyectos, un estado de movilización social y la decisión política de un gobierno dispuesto a llevar adelante el proyecto. 

No hace falta subrayar que esa decisión política sigue estando presente hoy: finalmente, AFSCA aprobó el Fondo de Fomento para medios sin fines de lucro y pueblos originarios, un reclamo de las organizaciones sociales que tiene respuesta, una deuda saldada en línea con la afirmación de Sabbatella de hacer cumplir la ley en forma integral. Deudas seguirán quedando, la voluntad política está, la capacidad técnica también, es necesario que siga estando la movilización de las organizaciones, no solo para reclamar legítimamente por la aplicación total de la ley sino también para acompañar críticamente en el proceso de construcción del nuevo escenario democrático de la comunicación.

Nota relacionada: Dos, tres, muchas leyes para democratizar la comunicación en Latinoamérica