La Ley de Medios es algo mucho
más grande que una guerra política entre el Estado y un privado. No se trata de un avance desmedido por parte
del Estado sobre los medios de comunicación en un intento por controlar la
palabra. Se trata de regular un mercado que no responde a las características
de los mercados tradicionales, para fortalecer la democracia.
La información no es una
mercancía y jamás debe ser tratada como tal. La información plural y diversa,
la posibilidad de que haya más actores sociales que accedan a tener una voz en
los medios de comunicación es nada menos que uno de los pilares más importantes
de una democracia sana.
El normal funcionamiento del
Poder Legislativo a través del Congreso, que vota las leyes de nuestro país en
representación de la voluntad popular es otro de esos pilares fundamentales. Y
en el caso de la LSCA, ese funcionamiento se ha incluso perfeccionado, en tanto
el proyecto de ley incorpora de manera inédita las conclusiones y puntos
básicos que se debatieron y se discutieron a lo largo y a lo ancho de nuestro
país en foros realizados durante más de 6 meses. Esta ley no es un decreto,
como nuestra anterior ley de radiodifusión. Esta ley no es una muestra de
autoritarismo gubernamental, como algunos intentan hacer creer. Es una ley
sancionada en democracia y votada con la correspondiente mayoría en el
Congreso. No se puede dudar que en esta ley, más que tal vez en ninguna otra,
se encuentra impresa la voluntad del pueblo argentino.
No se le está pidiendo el Grupo
Clarín que acalle su voz. No se le están intentando expropiar sus medios de comunicación
ni perjudicarlo económicamente. Se está intentando adecuar el funcionamiento de
los medios de comunicación a un paradigma de pluralismo y diversidad en el que
no deben existir posiciones monopólicas que perjudiquen la libertad de
expresión. Lo que se busca es permitir el ingreso de más voces al sistema de
medios, voces que hasta hace muy poco, no tenían posibilidad legal de acceder.
Y ese acceso al sistema no es posible cuando uno de los actores que lo ocupan
es un gigante que posee porcentajes desmedidos y que hace abuso de esa posición
dominante. Basta charlar con algunos de los valientes emprendedores que
intentaron tener un sistema de cable en sus pueblos de origen. El Grupo Clarín
sistemáticamente los obligaba a venderles el servicio, so pena de retirarles
los canales de fútbol y terminar así fundiendo al naciente competidor.
El Grupo debe adecuarse y el
Estado ha demostrado no tener intenciones de perjudicarlo económicamente.
Incluso en el caso de una adecuación forzosa, AFSCA ha declarado que adecuará
al Grupo utilizando un criterio que implique el menor perjuicio económico
posible. Y no debemos olvidar que los restantes grupos que no cumplían con los
límites que la ley establece, presentaron sus planes de adecuación, en una
actitud de aceptación de la ley, por lo tanto, de la voluntad popular, que es
la que debieran tener todos los empresarios de medios de comunicación de
nuestro país. La no aceptación de la norma por parte del Grupo Clarín no sólo
desconoce la voluntad popular sino que acentúa las diferencias entre su tamaño
y sus actuales competidores que han decidido respetar la ley y acotarse a los
límites que ella establece.
Partimos de la base de que es
necesario regular el mercado de medios para defender genuinamente la libertad
de expresión y evitar monopolios. Así como el Estado tuvo que salir a dar
respuestas al pueblo después del festival de la convertibilidad de los 90, en
donde la no regulación estatal de los mercados fue la base que nos condujo al
desastre, hoy sale en defensa de ese mismo pueblo, que votó hace 4 años para
que el sistema de medios sea regulado de la forma en que lo estipula la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de las audiencias públicas, sólo
falta esperar que se haga justicia, que en este caso, significa nada más ni
nada menos que respetar la voluntad popular.
