Sobre el tapete

Lo que hay que saber de política, cultura y comunicación


El nuevo ataque de Clarín contra Martín Sabbatella es un otro eslabón en la cadena de agresiones desatadas contra el titular del AFSCA por parte del único grupo de medios que no quiere cumplir la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo más llamativo de todo es el tinte berreta que tiene la campaña de Clarín contra Sabbatella y el Frente Nuevo Encuentro. Las elucubraciones argumentativas de Clarín son fácilmente desmontables porque no tienen con qué darle a una figura y una fuerza política que, además de su posicionamiento político-ideológico alineado con el proyecto nacional y popular, tiene una trayectoria de gestión y transparencia reconocida por toda la sociedad, aún por sectores del establishment de buenos modales republicanos, como la ONG Poder Ciudadano.


Si a la imaginación apocalíptica de Carrió no se le ocurrió nada más que un paupérrimo “obsecuente estalinista” – a contramano de sus barrocas y furibundas diatribas –, a los escribas de Clarín no les va mejor escarbando y revolviendo por doquier sin éxito en búsqueda de materia prima para sus infamias contra Sabbatella. A tal punto, que para ver la carencia de verosimilitud de sus crónicas no hace falta la intervención de ningún semiótico de pulpería más o menos avezado en la lectura crítica. La torpeza clarinista se cae de madura. Su última trompada de borracho, “Denuncian que Sabbatella hace caja en la AFSCA para su propio partido”, es, pasada la bronca inicial, prácticamente objeto de burla al oficio periodístico.
El redactor del dislate ya fue debidamente atendido por Fernando Torrillate Responsable de Comunicación de Nuevo Encuentro y Director Nacional de Imagen y Comunicación del AFSCA, en un comunicado en el que denuncia que el artículo de Clarín “está plagado de descalificaciones y connotaciones negativas acerca de un modo de financiamiento que nos llena de orgullo. Deliberadamente, deja trascender que los más de mil trabajadores y trabajadoras de este organismo son “víctimas” de este sistema de financiamiento. Miente. Quienes hoy realizamos el aporte en el AFSCA somos menos de 70, y lo hacemos a partir de una decisión militante, en forma voluntaria. Con las mismas mañas, el escriba empleado por Clarín transforma esa acción generosa y solidaria en una maquinaria orientada a obtener “diezmos” para hacer ‘caja’”.

La zoncera de Clarín se agradece, porque además, da pie para dejar en claro un par de cosas: por un lado, amén de preguntarse cuantos políticos, además de Sabbatella, se atreven a tener su declaración jurada de ingresos, es menester apuntar que desde la creación del partido, éste se financia con aportes de sus militantes. Que los militantes de Nuevo Encuentro que trabajan en AFSCA puedan tener la libertad de elegir donar el 8% de su sueldo para contribuir a mantener la fuerza política refuerza ese sentido de transparencia.

Por otro lado, queda develada la notoria intención del cronista de tomar por estúpido al lector: imagínese que de un día para el otro, unos mil empleados de una repartición estatal con fuerte presencia gremial (en AFSCA están UPCN y ATE) se enteran de que se les va a quitar el 8% del sueldo…es fácil completar el resto de la escena: el 8% es más de la mitad del 13% pero sirve para recordar lo que pasó cuando el gobierno de De La Rúa aplicó ese recorte en los sueldo de los empleados estatales.

Pero lo interesante no es la anécdota de Clarín– qué otra cosa podemos esperar de Clarín más que sus previsibles acciones tendientes a frenar la aplicación integral de la ley de medios – sino la curiosa andanada de críticas “hechas por izquierda” de parte de un sector de las fuerzas que se llaman progresistas–llámese FAP, Proyecto Sur, Partido Social - que terminan por ubicarse en el ala izquierda de la oposición clarinista. A tono con las denuncias de los multimedios, es llamativo que desde estos sectores se acuerden ahora de reclamar por los aspectos más progresivos de la ley en términos de inclusión y pluralidad de voces, justamente cuando existe una gestión en AFSCA que sí ha apuntado a dar respuesta a esas cuestiones. Puristas que se bañan en el río Jordán cada mañana reiteran un falso pregón que es necesario rebatir: “Que el gobierno se centra falsamente en el 7D pero que no se está aplicando el resto de la ley”.

Esta falacia de que” no se está aplicando el resto de los art; que están dejando afuera a los medios comunitarios” son dardos contra una gestión que, justamente, ha puesto su acento en hacer avanzar la ley en toda su extensión: no es casual que a la llegada de Sabatella se ratificara en 2012 el calendario de concursos para licencias de radios en todo el país (con y sin fin de lucro); que se pusiera en marcha la entrega de licencias de FM con y sin fin de lucro en forma directa (según el artículo 49 de la ley) en zonas de baja densidad demográfica o de alta vulnerabilidad social; que se firmaran una serie de convenios con distintas entidades para fomentar el desarrollo de las actividades de comunicación audiovisual (Entrega de subsidios con el Fondo Nacional de las Artes; líneas de créditos e incentivos fiscales con el Ministerio de Industria; capacitación con el Ministerio de Trabajo; instalación de radios escolares en todo el país con el Ministerio de Educación; etc); que se aceitaran los mecanismos para la entrega de licencias a pueblos originarios.

Todo eso, en poco más de cuatro meses de gestión, al tiempo en que se comienza a avanzar en los planes de adecuación de los grupos de medios –aquí es esperable que Clarín arguya “que el gobierno favorece a medios amigos” ante los planes de adecuación de distintas corporaciones mediáticas. En cambio, es un poco más lamentable que sectores que se dicen progresistas repliquen este latiguillo, desconociendo el mapa de medios actual de la Argentina, en el que un solo actor representa cerca del 70% del mercado y el segundo apenas menos del 10%.

Y con buena perspectiva a futuro: AFSCA firmó con el Ministerio de Planificación un convenio por el cual, entre otras cuestiones, se trabajará en el Plan Técnico, el reordenamiento del espectro radioeléctrico. Se trata de ordenar una situación que a lo largo de más de treinta años se ha convertido en una maraña de señales legales, precarias, ilegales, una bola de interferencia que requiere una política de Estado, que es justamente lo que esta gestión pretende impulsar. Menos estridente que el 7D, será, sin dudas, la tarea hercúlea, el verdadero núcleo de todas las batallas por democratizar las voces.

Queda claro entonces a que vienen estos ataques. A que la cosa va en serio. Para Clarín, pero también para toda la tribuna de la progresía que se preocupa por declamar sus ya gastados cantos de sirenas sobre el deber ser pero que no tolera que también, en la tan mentada “renovación de la política” se aplica aquella máxima de que mejor que decir es hacer.

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