Un
nuevo intento de desalojo vuelve a poner en el centro de la discusión las
políticas excluyentes del macrismo, que niega y restringe el acceso a una
vivienda digna para los sectores populares en la ciudad. Vecinas,
vecinos y militantes de distintas fuerzas políticas y sociales se movilizaron
hoy para frenar el desalojo del edificio de Pavón 4127, donde viven 37 familias
y unos 70 niños y niñas. La orden de desalojo fue dictada por el juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria del lugar. Las familias viven en el edificio desde hace 25 años y desde ayer a la noche realizan una vigilia y una olla popular que contó con el acompañamiento de José Campagnoli, legislador por Nuevo Encuentro.
Campagnoli se hizo presente junto con los
legisladores Lorena Pokoik, Paula Pennacca y Pablo Ferreyra. Los diputados de la ciudad reclamaron que se
abra una mesa de negociación con el gobierno de Macri para garantizar el
derecho a una vivienda digna a los vecinos de la casa.
Sin
embargo, el macrismo sólo ofreció un subsidio de 1800 pesos por familia. Una
burla que mantiene una coherencia con la política del PRO para la vivienda en
Buenos Aires. Como señalamos
reiteradamente, el contraste entre el proceso de ampliación de derechos
impulsada por el proyecto nacional y popular, por un lado, y los planes de
ajuste y exclusión llevadas adelante por el macrismo en la ciudad de Buenos
Aires también se refleja en la políticade acceso a la vivienda para los sectores populares. 
Campagnoli
denunció la semana pasada que “el PRO ha ido reduciendo sostenidamente las
partidas presupuestarias de los programas de vivienda: en 2008 tenían asignado
el 3,98% del presupuesto total; y en 2015, apenas el 2,35%. Sus políticas de
crédito para la adquisición de viviendas (herramienta indispensable para una
parte importante de la sociedad porteña) brillaron por su ausencia durante
todos estos años”. El legislador de Nuevo Encuentro también recordó que el macrismo sigue sin cumplir
las leyes aprobada por la legislatura porteña quefavorecen a los sectores más vulnerables y postergados por las políticas deajuste y exclusión que lleva adelante el PRO en la ciudad.