Hace unos cinco
años, por recomendación de Graciela Daleo y por su insistencia militante que agradecemos
y valoramos, empezamos a concurrir con los estudiantes de la materia Poder
Económico y Derechos Humanos[1] a
las audiencias por los juicios de Terrorismo de Estado que se están llevando a
cabo en nuestro país desde hace diez años. Este proceso que, no exento de
dificultades, tiene lugar en un proyecto político en el que el juzgamiento de
los responsables del genocidio que nuestro pueblo sufrió en la última dictadura
militar resulta ser un eje central.
Personalmente,
pienso y siento que se trata de una experiencia muy intensa para nosotros como
docentes-educadores, evidenciada en la posibilidad de acompañar una vivencia
particularmente significativa, no sólo por la importancia que tiene que desde
cátedras libres de Derechos Humanos que forman parte de la Universidad Pública
se promueva este tipo de acciones, sino además por lo que subjetivamente
despierta en los estudiantes que concurren.
Nos ronda, nos interpela
la aparentemente simple pregunta sobre cómo impacta en estos estudiantes el tomar contacto con esa
dolorosa parte de nuestra historia sobre la que, en la mayoría de los casos,
tienen pocas referencias. Qué significa en la
vida de una persona joven, generalmente no politizada, asistir a la audiencia
de un juicio en el que los acusados de su propio país han formado parte de
una maquinaria de matar estatal (de la que son sujetos concretos responsables). Y qué significa que la propia justicia argentina los juzgue.
Hablamos de personas, quizás ajenas a la militancia y a la historia del movimiento de
Derechos Humanos en Argentina, que se conectan con la temática desde un lugar
simple, concreto, sin posicionamientos políticos demasiado elaborados o
pensados.
Perseguir, aterrorizar
y secuestrar. Torturar, violar, desaparecer y asesinar formaron parte de la
cotidianeidad de los centros clandestinos de detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura del `76. Afirma Pilar
Calveiro [2] que
“no toda sociedad engendra este tipo de dispositivos” y explica que en “el
proceso global desaparecedor se genera una larga cadena de mandos en la que
cada subordinado es un ejecutor parcial, que carece de control del proceso
global. (…) Las acciones se fragmentan, las responsabilidades se diluyen (…) El
asesinato político, la tortura, se aplica en el país después del golpe del ´30
sobre prisioneros políticos. El secuestro y posterior asesinato se empieza a
practicar en los años ´70. Pero todas esas prácticas se diferencian de manera
sustancial de la desaparición de personas, que es una referencia literal: una
persona que a partir de determinado momento desaparece, se esfuma, sin que
quede constancia de su vida o de su muerte.”.
Quizás resulte
más genuino compartir algunos fragmentos
de las notas de los propios estudiantes
que presenciaron la audiencia en la que la fiscal de la causa Vesubio II [3]
presentó el alegato final:
“En
principio es la primera vez que estoy en un tribunal. Lo primero que remarca la
fiscal es que los hechos llevados a cabo
fueron con un solo fin: “Instalar un nuevo patrón económico en nuestro país” y
que a toda persona que se opusiera había que exterminarla.” (…)
(…) “trato de imaginarme esa época, ya que nací en 1977 y me cuesta ver como el pueblo no se daba cuenta de toda esta red clandestina de detenciones, tortura y aniquilamiento de sus pares, independientemente a la ideología está el derecho a la vida; por qué permitió eso el pueblo” (…)
(…) “trato de imaginarme esa época, ya que nací en 1977 y me cuesta ver como el pueblo no se daba cuenta de toda esta red clandestina de detenciones, tortura y aniquilamiento de sus pares, independientemente a la ideología está el derecho a la vida; por qué permitió eso el pueblo” (…)
(…) “en su alegato, la fiscal remarca que el objetivo principal de la dictadura fue el de
eliminar la resistencia para imponer un modelo económico que beneficie al
capital extranjero y a unos pocos capitales nacionales cercanos al poder. Para
esto se tuvieron que destruir todos los beneficios logrados por los
trabajadores a lo largo de décadas y exterminar a la industria nacional” (…)
(…) “Cuando nos fuimos de la sala vi que muchas
personas del público se saludaban y era como si se conocieran. Pienso que los
une el dolor, la lucha, el sufrimiento, el legado que les dejaron sus
compañeros desaparecidos, los familiares y la impotencia frente a esos
individuos, ante las situaciones relatadas por la fiscal. Sentí que a partir de
ese momento yo también los conozco un poco y comparto una parte de sus
sentimientos.” (…)
Política y
Política de Derechos Humanos:
Al interior de lo que se ha construido
históricamente y se reconoce como la militancia ligada a las organizaciones de
Derechos Humanos hay posiciones diferenciadas en relación a la política impulsada por el Gobierno
Nacional al incorporar como propias (y dar respuesta) a las reivindicaciones
históricas del movimiento de Derechos Humanos en Argentina, política en la que
se inscribe el proceso de juzgamiento a los genocidas de la dictadura.
Hay
quienes nos conmovemos y reconocemos en estos juicios una radicalidad a nivel
mundial; otros, evalúan que se podría hacer mucho más, que los procesos son muy
largos, que los represores, muchos de ellos de edad avanzada, se van a morir
antes de ir a la cárcel, que se ha avanzado muy poco en el juzgamiento a civiles
empresarios y eclesiásticos, que las causas deben ser unificadas cuanto antes a
fin de evitar que los testimoniantes tengan que declarar una y diez veces lo
mismo, rememorando el horror vivido, cuestiones seguramente atendibles, sobre
todo esta última.
Hay quienes afirman
que lo hecho hasta ahora es un logro exclusivo de los organismos de Derechos
Humanos y hay quienes ven afectada su propia identidad política, construida
valientemente en la lucha contra el autoritarismo del Estado y sienten que el kirchnerismo se las ha arrebatado. Quizás el ausente en este tipo de posiciones sea el “cómo”, porque aparentemente el “hacia donde queremos ir” está muy claro:
“memoria, verdad y justicia”.
En ese caso, deberíamos pensar en los momentos,
las etapas, los apresuramientos, las pérdidas de tiempo, las alianzas, las
rupturas, las limitaciones institucionales y las trabas jurídicas, las
contradicciones del propio Estado, las contradicciones individuales, qué cosas
hacer, qué cosas no hacer, y algo sumamente difícil: qué cosas posponer hasta
alcanzar condiciones más favorables para concretarlas.
[1]
Materia perteneciente a la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la facultad de
Ciencias Económicas, UBA, optativa para las carreras de esa facultad.
[2]
Pilar Calveiro (1998). Poder y Desaparición. Ediciones Colihue.
[3]
Audiencia del jueves 30 de octubre de 2014 en el juicio “Vesubio II”,
Tribunales de Comodoro Py.
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