Uno de los factores
preponderantes a la hora de caracterizar los logros de la gestión de gobierno
iniciada en 2003 y que se extiende hasta nuestros días, es indudablemente la
política realizada en materia de Derechos Humanos. En el plano particular del
juzgamiento hacia los responsables de la última dictadura cívico-militar que
asoló nuestro país y su interacción con
la de otros países de la región es, sin dudas un hito histórico, que reconoce
pocos y no tan relevantes antecedentes en el contexto internacional, lo que convierte
a los juicios por Terrorismo de Estado en una radicalidad, ya no sólo
latinoamericana, sino en el del mundo entero.
La historia reciente nos
señala avances y retrocesos verificados a partir del advenimiento del período
democrático iniciado en 1983. En perspectiva histórica, el hecho significativo
de gran valor de en una primera etapa fue el “Juicio a los ex comandantes”,
proceso que colocó en el banquillo a algunos de los responsables jerárquicos de
la dictadura militar. Las presiones y defecciones políticas que sucedieron a
este juzgamiento, que derivaron en el cercenamiento de la extensión de las
responsabilidades penales al resto de los implicados en el genocidio acaecido
(leyes de “obediencia debida y de punto final”) se profundizaron durante el
período neoliberal consolidado en los años ’90 y principios de 2000.
El período iniciado por
el presidente Néstor Kirchner y continuado por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner irrumpe en el escenario haciendo tabla rasa con esa parálisis de la
Justicia y lleva adelante con energía inusitada la decisión política de llegar
a fondo con la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables, ya no
sólo militares, sino también civiles, responsables en diversos grados del más
grave hecho criminal perpetrado sobre nuestra sociedad.
Podríamos afirmar que el
conjunto de la sociedad no es ajeno al reconocimiento de la política desplegada
en materia de Memoria, Verdad y Justicia. El alcance de estos juicios nos es revelado
también, mediante los datos que consignan el cuadro de situación en materia de
procesos jurídicos realizados y en curso. Una de las fuentes más completas a
nuestro alcance, es el trabajo realizado por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (Cels).
Total de causas activas: 397.
Juicios finalizados: 115.
Personas acusadas por delitos de lesa humanidad:
2450.
Condenados: 495
/Absueltos: 45.
El 41 % de las condenas fue de reclusión perpetua.
Del total de acusados,
el 43 % (1065) está en condiciones de libertad mientras que el 39 % (958) se
hallan detenidos, prófugos 2,6 % (64) y fallecidos el 15 % (363).
Fuerza a la que pertenecían los acusados:
Ejército: 736
Armada: 326
Fuerza Aérea: 34
Policía Provincial: 606
Policía Federal: 134
Personal Civil: 297
Servicio Penitenciario
Federal: 68
Servicio Penitenciario
Provincial: 56
Prefectura Naval: 39
Gendarmería: 71
Ejército Uruguay: 8
Policía Uruguay: 3
Armada Uruguay: 1
Sin datos: 71
Civiles acusados por delitos de Lesa Humanidad:
Funcionarios Poder
ejecutivo: 21
Funcionarios del poder
Judicial: 67
Personal Civil de
Inteligencia: 69
Integrantes de la CNU
/SIDE: 22
Apropiadores: 40
Abogados / escribanos: 5
Profesionales de la
Salud: 30
Empresarios: 15
Sacerdotes: 8
Periodistas: 4
[1] Situación de los Juicios por Terrorismo de Estado,
de 2006 a marzo de 2014. Fuente: C.E.L.S. , de acuerdo a datos de prensa y
resoluciones judiciales.
Muy buena nota.
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